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Entre los muchos errores por los cuales el Partido Revolucionario
Institucional se derrumbó tras recuperar el poder con su carismático
candidato Enrique Peña sobresale, quizá en primer lugar, la errática
fórmula de seguridad interna indebidamente confiada a Miguel Ángel
Osorio desde la secretaría de Gobernación hasta superar en cifras --con
miles de muertes violentas--, a la otra desgracia, la del periodo de
Felipe Calderón cuyas limitaciones personales desde antes eran conocidas
por todos.
La política de (in) seguridad permitió un grave paso: las autodefensas.
Si bien su institucionalización ocurrió principalmente en Michoacán,
durante el virreinato de Castillo (otro inepto de tomo y lomo) también
el Estado abdicó de su responsabilidad y permitió a los “ciudadanos”
armarse hasta los dientes dizque para su defensa contra los
delincuentes, cuando muchos de ellos representaban a esos mismos
criminales, pero con el disfraz de oveja del pueblo digno y heroico.
Ese fue el caso, por ejemplo, de Nestora Salgado quien acusada de
secuestro como comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC) ascendió en la escala social y política hasta ocupar
un escaño en el Senado, obviamente por Morena.
En Michoacán las cosas fueron de mal en peor.
A pesar de la opinión interna de altos mandos de las fuerzas armadas,
como el almirante Vidal Soberón, secretario de Marina, la alianza oculta
de las autodefensas con los grupos a los cuales supuestamente debían
combatir, era evidente.
“Todos están comprometidos con las mafias”, me dijo.
A fin de cuentas la madera de la cuña dejó a cada quien en su lugar.
Castillo era un pillo. O es, porque no ha muerto.
“ (El País).- Una de las figuras más polémicas durante el Gobierno de
Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), Alfredo Castillo, enviado especial
del presidente para resolver una de las graves crisis del sexenio, las
autodefensas de Michoacán, y máximo responsable del deporte mexicano
durante los Juegos Olímpicos en 2016, ha sido inhabilitado este martes
por el organismo de control de los funcionarios para ocupar un cargo
público en los próximos 10 años.
“La sanción se deriva de una auditoría que desvela que Castillo ocultó
un patrimonio de más de 18 millones de pesos (casi un millón de
dólares)”.
En aquellos años, cuando la terrible violencia michoacana había querido
ser controlada --sin conseguirlo-- mediante la ruptura de los gobiernos
municipales con La Familia o los Caballeros Templarios o cualquiera de
los grupos (el michoacanazo fallido de Calderón), la incapacidad desvió
el ineludible compromiso del Estado para proporcionar seguridad mediante
el uso de su fuerza legítima y en teoría monopólica terminó cediendo su
responsabilidad a grupos indefinidos y hasta delimitados en parcelas.
Cedió a una fuerza ilegítima.
El resultado no podía ser peor.
Los dirigentes fueron cooptados o asesinados. La violencia en Michoacán,
después de tantos años, sigue. El asesinato --por ejemplo-- del
presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo es una de las muchas
evidencias.
En aquel contexto un alcalde se jugó la vida con una denuncia:
Guillermo Valencia, presidente municipal de Tepalcatepec, Michoacán,
afirmó hace 12 años la responsabilidad de Juan José Farías Álvarez, “El
abuelo”, en el control del sindicato criminal “Cárteles Unidos”.
Ahora, dos sexenios después “la justicia de Estados Unidos (AN)
presentó una acusación formal por tráfico de drogas contra un hijo y un
sobrino de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, exlíder de los
autodefensas que negoció con el gobierno del ex presidente Enrique Peña
Nieto y fundador del grupo delictivo Cárteles Unidos.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un jurado
federal del Distrito de Columbia presentó el pasado 1 de julio una
acusación formal en contra de Juan José Farías Mendoza, “Juanjo”, y de
Israel Vega Farías, “Papo”, por los delitos conspiración para fabricar y
distribuir metanfetamina con el fin de exportarla a Estados Unidos, así
como por portar y poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y
artefactos explosivos, para cometer y facilitar el narcotráfico, entre
otros.
“Juanjo” de 31 años y “Papo” de 37 son originarios de Tepalcatepec,
Michoacán, y se les considera miembros de alto rango de Cárteles Unidos,
un grupo criminal que el 20 de febrero de 2025 fue designado como
Organización Terrorista Extranjera con alcance global, bajo una orden
ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“De acuerdo con la acusación que presentó el Fiscal Federal Francis
Hamilton III (Tercero) para el Distrito Este de Tennessee, el
grupo Cárteles Unidos es actualmente “uno de los productores de
metanfetamina más importantes del mundo, capaz de fabricar varias
toneladas al mes que luego distribuyen a través de una amplia red en
ciudades de Estados Unidos como Dallas y Houston en Texas, Sacramento y
Los Ángeles en California; así como en Atlanta, Kansas City, Denver y
Chicago”.
Si el consumo de fentanilo se mide por miligramos, la definición
americana de un cártel productor de esta droga entre toneladas de
metanfetaminas resulta de la mayor importancia.
Al conocer la acusación de los Estados Unidos contra los familiares
cercanos de quien siempre señaló como líder de la banda, Valencia dijo:
“Esta es (R) la confirmación de lo que yo en su momento dije, pero no es
una novedad. Desafortunadamente tuvieron que pasar 12 años para que el
tiempo pusiera a cada quien en su lugar”.
En 2014, “era alcalde y fui amenazado de muerte: llegó un comando de
supuestas autodefensas porque yo siempre lo comenté: las únicas
autodefensas legítimas eran las de Hipólito Mora (asesinado) , pero en
Tepalcatepec había otro tipo de intereses detrás… llegó un comando a la
Presidencia Municipal, todo está grabado. Hay videos de eso, de cuando
llegaron a amenazarme y que si volvía me iban a matar.
“¿Y qué hice? Pues pedirle al Gobernador (Fausto Vallejo) y al
Presidente de la República (Enrique Peña) apoyo y seguridad para
desempeñar mi cargo".
“Valencia contó que, años atrás, le había enviado un escrito al entonces
Presidente Felipe Calderón para pedirle que designara a un militar como
director de Seguridad Pública, que asumiera el mando de la seguridad en
el municipio. Pero siempre fui ignorado, tanto por Peña como por el
Gobierno de Calderón.
“Y ahora lamento que después de tanto tiempo, tenga que pasar esto. Del
señor ese, ‘El Abuelo’, ya dije lo que tenía que decir, pero ellos no me
permitieron retornar…”
